Compartición de Infraestructura (Telecomunicaciones): México, República Dominicana y Centroamérica

¿Están preparados México, República Dominicana y Centroamérica para el despliegue compartido de infraestructuras tan costosas como las necesarias para el 5G? #serviciospublicos #telecomunicaciones #infraestructura #5G

En los últimos años se ha registrado un aumento exponencial en la demanda de datos, resultado de tres principales tendencias: 1) la rápida proliferación de los dispositivos móviles inteligentes, 2) la creciente demanda de contenido y aplicaciones multimedia, y 3) el naciente desarrollo del Internet de las cosas (IoT).

Para atender este crecimiento de la demanda será esencial la implementación y adopción de fibra hasta el hogar (FTTH) y DSL de alta velocidad e incrementar la penetración general de banda ancha. (Cisco, 2020). Sin embargo, el despliegue de tecnologías de alta velocidad y baja latencia, como la 5G, conlleva altos costos hundidos que representan una falla de mercado. Los reguladores ven en la compartición una oportunidad de acelerar el despliegue de las infraestructuras necesarias para viabilizar estas tecnologías y maximizar el bienestar social, pues permite a los proveedores de servicios dividir el costo de brindar una mayor cobertura

En ese sentido, la Comisión de Banda Ancha de la ITU/UNESCO (2016), en su informe “The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable deployment”, señala que los países que establecen un marco regulatorio para la compartición de infraestructura logran extender la cobertura de Internet a un porcentaje mayor de hogares que aquellos países que no lo hacen, ampliándose la brecha de cobertura entre ambos grupos desde un 2% en el año cero a casi el 10% en el año 3. Argumentan que un adecuado marco regulatorio disminuye el costo de despliegue y disminuye la incertidumbre asociada a las inversiones, aportando seguridad jurídica.

El principal instrumento utilizado para facilitar la entrada y mejorar la competencia en la primera fase de despliegue de la banda ancha fue la regulación de precios de acceso. No obstante, la tarifa de acceso ha dejado de ser un instrumento funcional para el despliegue de las nuevas redes de alta velocidad, en particular 5G, de muy altos costos hundidos. En este escenario, los incentivos para invertir se reducen pues el incumbente ve afectados los retornos de su inversión cuando se ve obligado a compartir sus infraestructuras en un régimen donde el entrante puede solicitar acceso en todas las áreas de la red pagando una tarifa fijada por el regulador.

En términos generales, este marco regulatorio es, precisamente, el que está vigente en Centroamérica, México y República Dominicana. Sus disposiciones regulatorias se limitan a introducir la obligación de compartir infraestructura (con las excepciones de El Salvador, Guatemala y Nicaragua que no disponen de un marco regulatorio sobre compartición) y disponen que el regulador intervenga y fije la tarifa de acceso solo si no hay acuerdo comercial entre las partes, utilizando para ello el costo medio ponderado del capital.

Solo República Dominica, Honduras y México han introducido disposiciones que procuran proteger al inversor de entrantes tardíos y/o co-inversores tardíos. Sin embargo, estas disposiciones solo representan protecciones parciales e imperfectas del retorno del inversor y, por tanto, seguramente deberán ser revisadas y perfeccionadas.

No parece viable el despliegue compartido de infraestructuras tan costosas como las necesarias para el 5G, tan fuertemente promocionado en la región, sin una revisión y modernización de los marcos regulatorios. Para incrementar el despliegue de infraestructuras de red es necesario disponer de un marco regulatorio que aumente las expectativas de ingreso derivado de los despliegues con seguridad jurídica.