Reforma a la Ley Minera en puerta

El pasado 24 de marzo el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Minera y a decir verdad ha desatado preocupaciones en las empresas del sector.

La iniciativa se resume en cinco puntos importantes:

Primero, desaparece el esquema de primer solicitante y terreno libre para la asignación de permisos de explotación de los recursos minerales. El primer solicitante se refiere a la persona física o moral que desea explorar y explotar los recursos minerales de un área específica y por lo tanto, solicita el derecho a hacerlo. Por otro lado, se considera terreno libre a aquellos espacios que no se encuentran sujetos a un título de concesión minera otorgado previamente a un particular o empresa (sea propiedad privada o pública).

Con la iniciativa se pretende realizar concursos públicos para asignar concesiones de explotación, garantizando mejores condiciones de competencia.

Segundo, en los concursos se busca fortalecer la regulación ambiental, permitiendo mayor influencia del Estado para el control y acciones preventivas sobre prácticas contaminantes del agua, aire, suelo y subsuelo. Aspecto que viene a mitigar las externalidades propias de la actividad.

Tercero, disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual. Esta modificación sin lugar a duda viene a mermar la competitividad en el sector. Las empresas que se dedican a la explotación de minerales requieren de lapsos de tiempo largos para la recuperación de su inversión y la obtención de beneficios. Por ejemplo, en Chile las concesiones son otorgadas por 35 años, en Perú por 30 años, en Argentina son de 20 a 30 años.

Cuarto, se elimina el carácter preferente de la actividad minera, es decir, no podrá ser expropiada la tierra bajo el argumento de la explotación de los minerales. Además, la reforma viene a otorgarle poder de negociación a las comunidades poseedoras de la tierra mediante el consenso social de permitir o no la actividad.

Quinto, se adicionan múltiples causales de cancelación de las concesiones mineras, entre ellas: omisiones en informes de daños al equilibrio ecológico, no contar con permisos de otras instancias federales o estatales, no contar con programas de gestión de residuos, incumplimiento en las disposiciones de seguridad y sanidad para los trabajadores, así como conductas ilegales.

En las próximas semanas se estará discutiendo la reforma y tomando en consideración los argumentos de los particulares que podrían verse afectados por estos cambios regulatorios.

La iniciativa tiene puntos positivos relacionados principalmente con otorgarle poder de negociación a las comunidades, así como endurecer la regulación ambiental en pro de la sostenibilidad, sin embargo, la reducción de los tiempos de explotación viene a disminuir en demasía el atractivo para la inversión y la competitividad del sector.