PERSPECTIVA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ANTE LA REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES DE MÉXICO.

Con el fin de propiciar el incremento en la formalidad de los trabajadores y aumentar las percepciones monetarias de los jubilados, la mañana del 22 de julio del presente año, el Ejecutivo Federal anunció que enviará a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma al sistema de pensiones de México. En “Economía en Datos” no hemos encontrado alguna columna o análisis que retome la perspectiva de los empleadores respecto a este tema, por tal razón, dedicaremos las siguientes líneas a visualizar algunos posibles panoramas de la economía de llevarse a cabo las modificaciones propuestas.

Para entender el tema del que se trata este breve artículo es necesario saber un par de aspectos acerca del sistema de pensiones de México (Ley del Seguro Social 1997):

Primero, para tener acceso al trámite de una pensión por Cesantía de Edad Avanzada un trabajador debe tener al menos 60 años de edad (pensionándose con el 75% de su salario), y para tramitar la pensión por Vejez, debe tener 65 (jubilándose con el 100%), en ambos casos debe haber cotizado un mínimo de 1250 semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Segundo, conocer la forma en que se constituye la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro contemplada en la Ley del Seguro Social, la cual consta de tres subcuentas:

1. Subcuenta de retiro, cesantía por edad avanzada y vejez (administrada por el AFORE del trabajador);

2. Subcuenta de Vivienda (administrada por INFONAVIT);

3. Subcuenta de aportaciones voluntarias (administrada también por el AFORE del trabajador)

Una vez comprendido esto, continuamos.

Las modificaciones propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son básicamente tres:

a. Disminuir las semanas cotizadas ante el IMSS, de 1250 a 750. Con esta modificación se busca incentivar a los trabajadores a buscar un empleo formal, y en términos agregados, se pretende incrementar la cobertura de las pensiones. OJO: esta reforma no implica que el trabajador pueda solicitar su jubilación apenas cumplidas las 750 semanas, este trámite forzosamente debe realizarse hasta los 60 años de edad. (este requisito aumentará gradualmente a lo largo de 10 años hasta alcanzar las 1000 semanas).

b. Aumento del monto de la pensión hasta un 40%. Se busca lograr un incremento en las percepciones monetarias de los jubilados (cálculo realizado en base al salario de los trabajadores, semanas cotizadas y su edad), incrementando así su ingreso disponible y propiciando con ello una mejora en su calidad de vida.

Y la última, de mayor relevancia para este artículo, corresponde a modificaciones en la Subcuenta del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez mencionada con anterioridad:

c. Aumentar paulatinamente a lo largo de 8 años el porcentaje de las aportaciones realizadas ante el IMSS por parte de gobierno y empleadores (la del trabajador permanece constante, con el objetivo de no afectar su ingreso). Las aportaciones pasarían de 6.5 (porcentaje actual) al 15% (porcentaje propuesto) del salario base cotizado, siendo un mayor incremento el correspondiente a los empleadores al pasar del 5.15% al 13.875%, pero, ¿qué posibles consecuencias traería consigo?

En definitiva, la percepción monetaria de los jubilados mejorará sustancialmente propiciando con ello una mejora en su calidad de vida, sin embargo, ¿cuál será la respuesta de los empleadores?

Conocemos que nuestro país es heterogéneo en sus condiciones sociales y económicas. Según el Censo Económico 2019, el 99% de las unidades económicas del país son micro y pequeñas empresas (95 y 4% respectivamente), mismas que dan empleo al 52.5% de los trabajadores y concentran el 30.3% de los ingresos totales (ingresos por venta bienes y servicios, intereses, otros ingresos financieros y donaciones recibidas) (INEGI, 2020), es decir, más de la mitad de las personas ocupadas trabajan en empresas de menos de 50 empleados, dato que es relevante para este artículo.

Estos micro y pequeños negocios, comúnmente familiares, si pretenden realizar sus actividades en la formalidad, deben soportar reducciones en sus beneficios por el pago de impuestos, aportaciones y demás retenciones. Con la nueva disposición de incrementar el porcentaje de aportación patronal a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, tendrán que aceptar la disminución en su beneficio neto, pues, en definitiva, el flujo de efectivo y liquidez a corto plazo con la que se manejan la mayoría de estas empresas limita sus actividades y afecta la toma de decisiones.

Los empleadores responderán de diversas formas ante esta reforma, y los posibles panoramas que encontramos son los siguientes:

- Decidirán incrementar los precios de sus productos o servicios y simplemente trasladar este incremento en la aportación al consumidor final.

- Buscarán renegociar los salarios con sus trabajadores (disminuir el salario base cotizado para reducir el monto de la aportación, pagadero de forma bimestral)

- Buscarán la contratación de personal de manera indirecta, favoreciendo el outsourcing y la pérdida de seguridad social en miles de trabajadores.

- O simplemente, bajo las condiciones actuales, será más atractiva la informalidad.

Los retos que enfrenta México son muchos y muy variados, se deben buscar mecanismos para incrementar la formalidad, aumentar la base tributaria (cantidad de personas que pagan impuestos), y generar condiciones para la creación de empleo, cadenas de valor y la integración a mercados internacionales. La contracción de la demanda debido a la pandemia COVID-19 ha producido una pérdida en la actividad económica que está acabando con millones de empleos, miles de vidas, y cientos de empresas.

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Fuente de datos citados:

INEGI 2020. Censos Económicos 2019. Resultados Oportunos. Fecha de consulta: 23 Julio de 2020. Disponible en este enlace