La compra a Iberdrola, ¿es una nueva nacionalización eléctrica?

En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció entre platillos y bombos la “nacionalización” de la industria eléctrica del país, pues el Gobierno de México llegó a un acuerdo con la empresa española Iberdrola para adquirir 13 plantas de generación eléctrica cuya capacidad asciende a los 8,539 megawatts (103 megawatts de energía eólica y 8,436 megawatts de gas de ciclo combinado) con el que se alcanzará una participación del 55% en el mercado de generación eléctrica.

Ante todo el revuelo que ha supuesto en medios de comunicación este anuncio, el discurso político no ha sido lo suficientemente claro para las personas que no están vinculadas con los mercados financieros y la forma en que se llevan a cabo estas transacciones.

Según lo anunciado, la venta de los activos de Iberdrola ascenderá a más de 6 mil millones de dólares, sin embargo, la adquisición será por parte de la empresa México Infrastructure Partners, una administradora de fondos de inversión, que a través de un fideicomiso privado con participación mayoritaria del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura) y en menor medida participación de la banca privada se financiará dicha compra. Adicional a ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la encargada de operar dichas plantas, mas no podrán ser contabilizadas como parte de sus activos. Es decir, la propiedad de los activos vendidos no será del gobierno mexicano, sino de México Infraestructure Partners. Por lo que, no se trata de una nacionalización, simplemente la propiedad de los activos está pasando de un privado a otro.

¿Y qué gana el gobierno mexicano?

Al establecerse el fideicomiso cuya participación mayoritaria sea del FONADIN se convertirá en acreedor principal de los rendimientos generados por el fondo de inversión que se encargue del funcionamiento de las plantas. Podríamos interpretarlo como si el gobierno mexicano fuera dueño de las acciones de México Infraestructure Partners en ese fideicomiso en particular.

Adicional a ello, promueve un discurso alineado con su política energética que inició desde el comienzo del sexenio. Recordemos que ya se han gestado (y rechazado en el Congreso) un par de iniciativas para otorgarle un mayor poder de mercado a la CFE, y con ello “recuperar” el sector: en un primer intento repartir el mercado de generación, que el 54% fuera para la CFE, y en el restante 46% que existiera competencia; y posteriormente, en un segundo intento por parte del Ejecutivo Federal al buscar modificar las reglas de despacho eléctrico para favorecer a la empresa productiva del Estado.

¿Qué gana Iberdrola?

La empresa española ha destacado que su decisión se alinea con sus estrategias globales de descarbonización, pretende abandonar la generación eléctrica a partir de tecnologías contaminantes (en este caso gas natural), y enfocarse en fuentes renovables.

Finalmente, los últimos pasos a seguir son obtener el visto bueno de las autoridades regulatorias, principalmente de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Competencia Económica, que como ya se ha expuesto, la venta de esos activos no implicará concentración de mercado a favor de la CFE puesto que la empresa productiva del Estado no será su titular.